La igualdad de género es fundamental para la justicia climática; entienda por qué.
Estudio destaca los principales desafíos para integrar una perspectiva de género en las políticas climáticas, ya sea en términos de falta de financiación o de seguimiento insuficiente de datos.
Integrar una perspectiva de género en las políticas globales es crucial para abordar desafíos como el cambio climático, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Las mujeres y las minorías de género sufren impactos desproporcionados de las crisis ambientales debido a las desigualdades históricas que limitan su acceso a los recursos, la educación y la participación política. Esta vulnerabilidad se manifiesta en diversas áreas: mayor carga de trabajo en contextos de escasez, riesgos de violencia en el desplazamiento forzado, abandono escolar de las niñas y pérdida de ingresos en sectores frágiles como la agricultura y la pesca.
Al mismo tiempo, las mujeres desempeñan un papel central como agentes de resiliencia y transformación, liderando prácticas de adaptación, conservación ambiental y gestión sostenible. Reconocer y fortalecer este liderazgo es esencial para promover la justicia social y construir sociedades más sostenibles. Este esfuerzo ya se refleja en acuerdos como la Convención Marco de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París, pero enfrenta desafíos persistentes, como la subrepresentación política, la violencia estructural y la falta de datos, lo que requiere la acción conjunta de los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales.
“El reconocimiento de que las mujeres y las niñas son más vulnerables a los impactos del cambio climático ha impulsado la creación de iniciativas para garantizar su participación equitativa y significativa en las políticas climáticas”, señala Thiago Mendes, autor del estudio. “Sin embargo, a pesar de los avances, persisten algunos desafíos. Las mujeres aún representan menos del 30 % de las delegaciones nacionales, muchos países no producen datos desglosados por género y las barreras culturales limitan el acceso de las mujeres a los recursos y a la toma de decisiones. Estos puntos demuestran que, si bien hay avances, es necesario redoblar los esfuerzos para que la acción climática sea más justa, eficaz e inclusiva”, añade Luciano Schweizer, uno de los coautores del estudio.
Clima y género en Brasil
En Brasil, la integración de género y clima está ganando terreno en políticas públicas, proyectos e iniciativas de la sociedad civil, aunque aún queda camino por recorrer. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, de 2016, incluyó directrices para promover la igualdad de género, reconociendo la mayor vulnerabilidad de las mujeres rurales, indígenas y quilombolas, además de fomentar su participación en la gestión de los recursos hídricos y la agricultura resiliente. El Plan ABC+, de 2011, apoya la capacitación de mujeres en técnicas sostenibles, y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Brasil, actualizada en 2022, mencionó la igualdad de género por primera vez como un principio transversal, aunque sin metas específicas.
La sociedad civil ha desempeñado un papel fundamental en este campo. El Observatorio del Clima y la Red de Género y Clima generan investigaciones y promueven políticas inclusivas, mientras que las universidades desarrollan estudios sobre los impactos diferenciados del cambio climático en las mujeres. Un hito en este esfuerzo fue el informe "Género y Clima en Brasil" (2021), que destacó las desigualdades en el acceso a recursos e información.
El tema también se refleja en la cooperación internacional y la financiación climática. La Asociación Brasileña de Desarrollo (ABDE), en colaboración con bancos multilaterales, ha incorporado la perspectiva de género y clima en sus estrategias, reforzando la importancia del tema en el sistema nacional de desarrollo. Además, fondos internacionales como el Fondo Verde para el Clima (FVC) y el Fondo Amazonía apoyan proyectos con enfoque de género.
A pesar del progreso, persisten desafíos estructurales. Muchas políticas adolecen de discontinuidad o no se implementan por falta de recursos, y aún faltan datos desglosados por género para evaluar los impactos climáticos. Barreras como la desigualdad en el acceso a la tierra, el crédito y la participación política limitan el liderazgo de las mujeres. El país avanza en el discurso y en iniciativas específicas, pero carece de coordinación nacional, un monitoreo sólido y apoyo institucional para ampliar el liderazgo de las mujeres como agentes centrales de la justicia climática.
Un largo camino por delante.
Integrar la perspectiva de género en las políticas climáticas se ha convertido en un pilar fundamental para promover la justicia social y aumentar la eficacia de la respuesta global a la crisis climática. Sin embargo, persisten desafíos, en particular en la implementación práctica de estas directrices. Existe una falta de recursos financieros suficientes, la necesidad de ampliar el desarrollo de capacidades técnicas y de fortalecer los sistemas de monitoreo con datos desglosados por género.
Para avanzar, es necesario alinear los marcos normativos internacionales con los acuerdos institucionales nacionales y otras agendas globales. Esto permitirá consolidar una acción climática que combine la mitigación y la adaptación efectivas con la promoción de la equidad, reafirmando que la igualdad de género no es solo un derecho, sino también un requisito indispensable para un futuro más inclusivo y sostenible.
Hitos de la CMNUCC
Ampliado sobre Género (PLGAG) de 2014 fue el primer hito de la CMNUCC en reconocer la importancia de integrar la igualdad de género en las negociaciones climáticas. Para implementarlo, se creó el Plan de Acción de Género ( PAG ), que establece áreas prioritarias como la participación de las mujeres en las delegaciones, el desarrollo de capacidades técnicas, la integración de la perspectiva de género en proyectos y financiación, la recopilación de datos desagregados y la ampliación del acceso de las mujeres a los recursos. En 2019, durante la COP25, este programa se reforzó con un PAG renovado, con los objetivos de aumentar la participación de las mujeres, fortalecer las políticas con perspectiva de género, apoyar la capacitación y monitorear los avances.
El nuevo Plan de Acción de Género (PAG) definió cinco áreas estratégicas: desarrollo de capacidades e intercambio de conocimientos; equilibrio de género y liderazgo femenino; coherencia entre las políticas climáticas y de género; implementación con financiamiento y tecnología adecuados; y monitoreo con informes desglosados por género. Desde entonces, se han logrado avances como una mayor representación de las mujeres en los órganos de la CMNUCC, una mayor integración de género en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y los Planes Nacionales de Adaptación (PNA), y una mayor participación de organizaciones como la Circunscripción de Mujeres y Género en la promoción de políticas inclusivas.
En la COP28, el Plan de Acción Global (PAG) se extendió hasta 2028, incluyendo medidas como un mayor seguimiento de la financiación climática con perspectiva de género y un mayor apoyo a las iniciativas lideradas por mujeres. Más allá del marco de la CMNUCC, países como Canadá, Suecia y los Países Bajos, así como fondos multilaterales como el Fondo Verde para el Clima, han adoptado políticas y requisitos que fortalecen la integración de la igualdad de género en la acción climática global.
