Financiamiento para “Pérdidas y Daños”: recursos justos para abordar los impactos climáticos.
Una nota técnica detalla la evolución del tema desde la década de 1990 y refuerza la necesidad de garantizar recursos adecuados para los países más vulnerables al cambio climático global.
26/11/2025
El tema de Pérdidas y Daños aborda los impactos del cambio climático que no pueden evitarse, ni siquiera con medidas de mitigación y adaptación. Abarca tanto pérdidas económicas, como la destrucción de infraestructuras y daños a la agricultura, como pérdidas no económicas, como vidas humanas, cultura y biodiversidad. Si bien los países vulnerables venían advirtiendo sobre el problema desde la década de 1990, este solo adquirió relevancia en las negociaciones internacionales sobre el clima a partir de 2007, con el Plan de Acción de Bali, y se reforzó en 2012 con el Plan de Doha, que reconoció la necesidad de respuestas específicas y estructuradas para abordar estos impactos, especialmente en los países más vulnerables.
“A partir de Doha, el debate evolucionó hacia la creación del Mecanismo Internacional de Varsovia en 2013, que institucionalizó el tema en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 2015, el Acuerdo de París, firmado durante la COP21, consolidó las pérdidas y los daños como uno de los tres pilares de la acción climática global, junto con la mitigación y la adaptación”, destacó el autor del estudio, José Miguez. “Con esto, cobró fuerza la necesidad de un mecanismo financiero específico, destinado a garantizar recursos adecuados, predecibles y justos para apoyar a los países y comunidades afectados, fortaleciendo así la solidaridad internacional y la respuesta global a los efectos cada vez más graves del cambio climático”, añadió Luciano Schweizer, coautor del estudio.
Demandas de los países vulnerables
Los países en desarrollo, especialmente los pequeños Estados insulares y los países menos adelantados, han exigido apoyo financiero, técnico e institucional para abordar las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Argumentan que los países ricos deben reconocer su responsabilidad histórica por las emisiones que han exacerbado el calentamiento global y exigir justicia climática con recursos adecuados, accesibles y transparentes.
La financiación es fundamental para estas demandas. Los países vulnerables exigen la creación de un fondo sólido, predecible y adicional, independiente de los recursos ya asignados a la mitigación y la adaptación, capaz de cubrir los crecientes costos de los desastres climáticos. También abogan por un acceso rápido, sencillo y equitativo a los recursos, especialmente en situaciones de emergencia, donde la burocracia puede agravar las pérdidas.
Por otro lado, los países desarrollados reconocen la importancia del tema, pero mantienen una postura cautelosa en las negociaciones internacionales. Sus principales preocupaciones son financieras, jurídicas y políticas: estos gobiernos buscan evitar compromisos que puedan interpretarse como responsabilidad legal por los impactos climáticos y rechazan cualquier obligación de compensación financiera. En cambio, abogan por un enfoque basado en la cooperación técnica, la prevención y la gestión de riesgos, priorizando el intercambio de conocimientos, el desarrollo de capacidades y el uso de sistemas de alerta temprana.
Perspectiva brasileña
Este tema es de gran importancia para Brasil, que ya está sintiendo los efectos del cambio climático en varias regiones. El país enfrenta sequías, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales y el aumento del nivel del mar, eventos que causan daños económicos, sociales y ambientales, afectando principalmente a las poblaciones vulnerables. Además de sufrir directamente los impactos, Brasil desempeña un papel estratégico en las negociaciones internacionales, actuando potencialmente como puente entre los países desarrollados y en desarrollo en la búsqueda de soluciones globales más justas y eficaces.
La diversidad regional y social de Brasil agrava aún más el desafío. Las comunidades indígenas, los habitantes de las riberas y los agricultores familiares están particularmente expuestos a los impactos y cuentan con menos recursos para adaptarse. En muchos casos, las medidas de adaptación no son suficientes para prevenir pérdidas, que incluyen la biodiversidad, las tierras productivas e incluso los modos de vida tradicionales. Ante esto, el acceso a mecanismos internacionales de financiamiento y apoyo técnico se vuelve esencial, ya que pueden contribuir a la recuperación de las zonas afectadas y a la reconstrucción de la infraestructura tras los desastres climáticos.
Al mismo tiempo, la participación de Brasil en este debate refuerza su papel como líder climático en el Sur Global. El país puede contribuir al diseño de políticas y mecanismos que garanticen un apoyo eficaz a los más vulnerables, tanto dentro como fuera de su territorio. A nivel nacional, el debate sobre pérdidas y daños también impulsa el fortalecimiento de las políticas públicas nacionales, como la defensa civil, la gestión de riesgos y la protección social, lo que aumenta la preparación y la resiliencia del país ante los crecientes desafíos climáticos.
Tema sensible para las negociaciones
La financiación de las pérdidas y los daños es uno de los temas más delicados en las negociaciones climáticas, marcado por la resistencia de los países desarrollados a asumir compromisos financieros vinculantes.
En 2022 se creó el Fondo para Pérdidas y Daños, que debería estar plenamente operativo para la COP30, con gestión compartida entre países ricos y en desarrollo. El fondo busca garantizar un acceso rápido, justo y transparente a los recursos, priorizando a los más vulnerables, y proporciona mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar su eficacia.
Aún existen debates sobre las fuentes de financiación (públicas, privadas o innovadoras) y sobre los criterios de acceso y gobernanza. A pesar de los desafíos, el fondo representa un avance importante en la justicia climática internacional, con expectativas de fortalecimiento y una mayor integración en las políticas nacionales para abordar la crisis climática.
