Estudio mapea brechas y sugiere acciones para fortalecer la agenda de adaptación en Brasil.
Una encuesta innovadora revisa documentos estratégicos nacionales e internacionales, identifica desafíos y propone prioridades relacionadas con la adaptación al cambio climático global.
¿Cómo fortalecer la agenda de adaptación climática en Brasil? Este estudio optó inicialmente por realizar un diagnóstico técnico basado en el análisis de documentos estratégicos nacionales e internacionales, como los Planes Nacionales de Adaptación y los acuerdos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), e iniciativas de financiamiento climático. A partir de esta revisión, se identificaron brechas y prioridades que deberían guiar políticas y acciones más efectivas para abordar los impactos del cambio climático global en el país.
La adaptación climática desempeña un papel central en las negociaciones climáticas globales, e incluso ocupa un lugar destacado en las cartas publicadas por la Presidencia brasileña de la COP30. Por lo tanto, este tema debe considerarse una prioridad estratégica, en equilibrio con la mitigación, tal como se prevé en el Acuerdo de París. La idea es fortalecer la resiliencia de los países y las comunidades más vulnerables a los impactos del cambio climático, garantizando que la adaptación reciba la misma atención política y financiera que las acciones para reducir las emisiones, señaló el autor del estudio, Alexandre Só de Castro.
Entre los principales puntos de la agenda oficial se encuentran la creación de mecanismos para mejorar la comunicación y el registro de las acciones de adaptación; el desarrollo de metodologías para evaluar las necesidades y los resultados; y el reconocimiento de los esfuerzos de los países en desarrollo. También se incluyen la movilización de apoyo financiero y tecnológico; la revisión de la estructura institucional vinculada a la adaptación; y el avance en el Objetivo Global de Adaptación, que busca definir metas e indicadores claros para medir el progreso. Otro enfoque importante es la integración de las acciones de adaptación en las políticas de desarrollo sostenible, abarcando áreas como la agricultura, la salud, los recursos hídricos y la infraestructura.
Las cartas de la Presidencia refuerzan dos puntos considerados esenciales: aumentar el financiamiento climático destinado a la adaptación, especialmente para los países más pobres y vulnerables, y garantizar un proceso de negociación inclusivo. La propuesta es involucrar a los gobiernos, la sociedad civil, los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales, el sector privado y la academia, para que las decisiones sean más justas, transparentes y eficaces ante los desafíos que plantea el cambio climático, enfatizó José Miguez, coautor de la nota técnica.
Financiación climática
La financiación climática se ha convertido en un pilar central en los debates globales sobre el cambio climático, integrando recursos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, destinados a reducir las emisiones y fortalecer la resiliencia de los países vulnerables. A pesar de la ausencia de una definición universal, existe consenso sobre su importancia para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Estos recursos financian áreas como la energía limpia, la agricultura sostenible, la infraestructura resiliente y la conservación del medio ambiente, y deben estar alineados con los objetivos climáticos nacionales y una transición justa y sostenible.
Dado que los flujos financieros globales aún están por debajo de lo necesario para limitar el calentamiento a 1,5 °C, el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado de Financiación Climática (NCQG) surge como respuesta a la insuficiencia de los mecanismos actuales. Creado durante la COP26, el NCQG busca definir un nuevo valor objetivo y reglas más claras para la financiación climática después de 2025. La propuesta pretende superar la meta de 100 000 millones de dólares anuales —nunca alcanzada en su totalidad— mediante el establecimiento de parámetros más ambiciosos, el equilibrio de recursos entre mitigación y adaptación, y una mayor transparencia en la gestión de los fondos climáticos.
En este debate, destaca la Iniciativa de Bridgetown. Esta propuesta aboga por una reforma profunda del sistema financiero internacional, centrada en facilitar el acceso de los países en desarrollo a grandes volúmenes de recursos para abordar las crisis climática y económica. Aunque aún no se ha institucionalizado, la iniciativa ya influye en los debates de la ONU, el G20 y los bancos multilaterales, al proponer soluciones innovadoras para movilizar billones de dólares y promover la justicia climática, principios que se alinean directamente con los objetivos del NCQG.
La gobernanza climática ha cobrado relevancia en los debates globales al articular políticas, instituciones y mecanismos destinados a abordar el cambio climático. Es fundamental garantizar que los compromisos del Acuerdo de París se implementen, especialmente a través de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y el Marco de Transparencia Reforzada, que obliga a los países a informar sobre sus avances de forma clara y verificable. Este modelo busca fortalecer la cooperación entre gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidades locales, promoviendo una gobernanza más inclusiva basada en la ciencia, el conocimiento tradicional y la justicia climática.
Durante la COP29 en Bakú, se lograron avances significativos en el fortalecimiento de las estructuras institucionales y la ampliación de la participación social en las iniciativas de adaptación. Actualmente, el tema ocupa un lugar central en la agenda, que prioriza la mejora de los mecanismos de monitoreo, reporte y verificación, así como el fomento de la participación de jóvenes, mujeres y pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones. Las cartas de la Presidencia de la COP30 reforzaron la necesidad de una gobernanza transparente y participativa, capaz de garantizar que las políticas climáticas reflejen las necesidades de los países más vulnerables y promuevan acciones eficaces de adaptación y mitigación.
Justicia climática
La justicia climática se ha convertido en un principio fundamental en las negociaciones internacionales sobre el clima, reconociendo que los impactos de la crisis climática no afectan a todos por igual. Las poblaciones vulnerables enfrentan los mayores riesgos, agravados por la falta de acceso a la financiación y la desigualdad social.
En Brasil, el debate cobra fuerza ante las desigualdades regionales y la vulnerabilidad de las comunidades tradicionales, especialmente en las regiones Norte y Nordeste. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNA) destaca la necesidad de políticas públicas centradas en la equidad y la participación social, mientras que las recientes decisiones de la COP refuerzan el compromiso global con acciones que respeten los derechos humanos y prioricen el apoyo a los países y comunidades más expuestos a los impactos climáticos. Estos avances incluyen el fortalecimiento del financiamiento climático y el reconocimiento de la justicia climática como un elemento clave de la cooperación internacional.
Así, la justicia climática se consolida como un eje central de las negociaciones, guiando el debate sobre equidad, solidaridad y responsabilidad compartida entre las naciones. Las cartas de la Presidencia de la Conferencia refuerzan la necesidad de que la transición climática sea inclusiva, garantizando la voz y la protección de los grupos más vulnerables. Este compromiso supone un paso decisivo para abordar la crisis climática global de una manera más justa, humana y sostenible.
